En los últimos 24 meses, la Fiscalía General de la Nación, en Colombia, judicializó 65 casos de lavado de activos, capturó a 169 personas, imputó a 186 y desmontó operaciones de lavado cercanas a los 7 billones de pesos colombianos, afirmó la delegada contra las Finanzas Criminales de la Fiscalía, Ana Catalina Noguera Toro, al medio El Nuevo Siglo.
En la nota, publicada el 14 de septiembre, Noguera Toro explicó que gracias al direccionamiento estratégico definido por el fiscal Francisco Barbosa, “durante los últimos meses logramos judicializar y enfrentar el lavado de activos procedentes del narcotráfico y otras actividades ilícitas, por cuanto se trata de una gran amenaza contra la estabilidad financiera, social y económica del país, por su carácter de delito transnacional”.
Noguera agregó que “el delito de lavado de activos procedente del narcotráfico es una amenaza sumamente grande. Al ingresar al torrente financiero dineros provenientes de actividades ilícitas, se afecta la estabilidad financiera, social y económica al generar una falsa realidad. Se genera inflación, burbujas inmobiliarias y situaciones que en nada tienen que ver con el verdadero movimiento de la economía del país. Es decir, el lavado de activos crea una especie de ‘universo paralelo’ que no nos permite conocer con certeza cómo va evolucionando nuestra economía”.
Añadió que “el trabajo de evitar la entrada de activos de este tipo al país es de todos, no solo de las entidades del Estado, también de los particulares, y aquí merece una especial mención la tarea que ejercen los oficiales de cumplimiento de las entidades financieras con la generación de los Reportes de Operación Sospechosa (ROS). Son ellos el primer filtro que permite detectar cualquier movimiento que genere dudas, y deben ponerlo en conocimiento de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), así como de la Fiscalía. Hemos visto que esa labor no ha sido fuerte ni constante y, prácticamente, la UIAF y la Fiscalía terminan asumiendo la carga”.
Además, la delegada destacó que la Fiscalía está reaccionando de manera eficaz contra el blanqueo de capitales; “pero como lo expresé, esta no es una labor exclusiva de nosotros. En materia de antilavado existe todo un sistema de respuesta estatal del que el ente acusador es solo una parte, quizá el último eslabón en la cadena. Esperamos que los que se encuentran en la primera línea de defensa mejoren sus protocolos en materia de prevención y detección del fenómeno”.
Finalmente, señaló que “existen cerca de 82 tipologías documentadas en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo por parte de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilaft) a nivel regional, las cuales se encuentran agrupadas a su vez, en 9 categorías”.
