Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks , compañía dedicada a medir riesgos globales, presentaron el Índice para Combatir la Corrupción (CCC) 2021, el cual es una herramienta basada en datos para calificar a los países latinoamericanos y sus herramientas para combatir la corrupción.

En este reciente reporte Uruguay encabeza la lista con el puntaje más alto de CCC, pues obtuvo una calificación de 7,80/10. Al país suramericano le sigue Chile, con una puntuación de 6,51; Costa Rica con 6,45; Perú con 5,66; y Argentina con 5,16. En el caso de Colombia, el país ocupa el puesto número siete de la región con 4,81, menos de la mitad de la calificación perfecta. El gigante latinoamericano, Brasil, está por encima de Colombia, con 5,07. Si se detalla la medición, la mayoría de los países del continente tienen puntajes considerablemente bajos, basados en la escala.

Chile ha experimentado una disminución en el puntaje, ya que en 2020 marcó 6.57, y en 2019 6.66. Sin embargo, el informe señala que «la capacidad para combatir la corrupción se mantuvo estable incluso tras el estallido social de finales de 2019 y las tensiones políticas asociadas a la pandemia a lo largo del año 2020». Pese destacar algunos aspectos, el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción también develó algunos temas a monitorear, poniendo hincapié en la instalación de la convención constitucional que se encargará de redactar una nueva Constitución.

El informe destaca que «desde el año pasado, Chile ha tomado medidas para reforzar el entorno de anticorrupción. El Senado está debatiendo un proyecto de ley para proteger a los informantes que denuncien casos de corrupción».

También destacaron la condena del ex senador de la UDI, Jaime Orpis por el caso Corpesca: » fue condenado a cinco años de prisión tras ser declarado culpable de fraude y de recibir sobornos para favorecer los intereses de la mayor empresa pesquera de Chile, Corpesca, que fue multada».

«Los políticos locales también están bajo escrutinio: hay una investigación sobre el candidato presidencial y actual alcalde (de Recoleta) Daniel Jadue por una acusación de corrupción relacionada con donaciones a su municipalidad en Santiago», agrega el documento.

Finalmente, la medición sostiene que «Chile ha mantenido su fortaleza institucional, como lo demuestra su constante desempeño en la categoría de democracia e instituciones políticas. Las variables del país en esta categoría superan ampliamente la media regional y se sitúan muy cerca del líder del Índice, Uruguay».

COLOMBIA

En tanto, Colombia, según el ranking, continuó en su carrera descendente mostrando un deterioro en su capacidad de lucha contra la corrupción del 10% en comparación con 2019. Mientras en ese año, el país tenía 5.36 puntos, en 2020 bajó a 5.18 y este año, 2021, llegó a 4.81, ubicándose séptimo en el ranking de los 15 países de América Latina.

El Grupo Anticorrupción cuestionó que el presidente Iván Duque logró ubicar a amigos cercanos en los órganos de control, como el fiscal general Francisco Barbosa que se describió como su amigo de la universidad o Margarita Cabello que llegó a la Procuraduría después de ser ministra de Justicia

“Casi todos los indicadores dentro de la categoría de capacidad legal disminuyeron, incluyendo una caída del 20% en la variable que mide la independencia del fiscal general y una caída del 17% en la independencia de los organismos anticorrupción. Estos retrocesos reflejan la percepción de que el Presidente Iván Duque ha colocado a figuras menos independientes en puestos clave como el de Defensor del Pueblo, el de Fiscal General y el de Procurador General, misma que fue nombrada en enero de 2021”, dice el informe.

El índice señala que los gastos de emergencia para la atención de la pandemia de covid-19 han presentado irregularidades en las contrataciones públicas y denuncias de otros casos de corrupción, por lo que calificaron esa variable como insuficiente en términos de transparencia y marcó un descenso del 21% en cuanto a medición del acceso a la información pública.

Esa situación había sido alertada por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana que señaló que los gastos de emergencia no han sido administrados únicamente por el Fondo para Mitigación de Emergencias FOME, sino que otras entidades también han administrado gastos en el mismo sentido que no son claros para hacer seguimiento.

ÍNDICE

El índice fue lanzado por primera vez en 2019 y la inclusión de más de 15 países de América Latina todavía es incipiente. Las naciones cubiertas representan 95% del PIB de la región, razón por la que el estudio subrayó la necesidad de las empresas y entidades de adoptar programas de riesgo y actualizar los programas de cumplimiento.

El índice CCC está basado en el análisis de 14 variables importantes, lo cual incluye la independencia de las instituciones judiciales y el papel que juega el periodismo de investigación, además de los recursos para combatir los delitos de cuello blanco.

Sobre la recopilación de datos, las empresas encargadas afirmaron que “el índice se basa en datos extensos y en una encuesta patentada realizada entre los principales expertos anticorrupción de Control Risks, la academia la sociedad civil, los medios y el sector privado”

El índice CCC detecta que 5 de los 15 países evaluados registraron disminuciones significativas en sus puntuaciones; 7 se quedaron sin cambios y tres aumentaron de manera notable y encuentra que los dos países y economías más grandes de América Latina, Brasil y México, sufrieron algunas de las caídas más bruscas.

Brasil -que cayó del cuarto al sexto puesto-, registró una bajada del 11 por ciento en la categoría de democracia e instituciones políticas, donde el estado de relaciones ejecutivo-legislativo fue un factor clave, según este informe.

En cuanto a México, su puntuación cayó un 7 por ciento en 2021 -del octavo al undécimo lugar- y, en este caso, pesaron variables como las que miden la independencia de la fiscalía general y de las agencias anticorrupción.

Por contra, la República Dominicana fue uno de los que más mejoró -del 13 al 10- al darse avances significativos en la categoría de capacidad legal, «reflejo de un impulso anticorrupción del presidente Luis Abinader», según explica el documento.

Por su parte, el informe destaca que Panamá y Ecuador experimentaron mejoras considerables en su capacidad legal mientras que los aumentos percibidos de politización de las instituciones anticorrupción redujeron las puntuaciones de Argentina y Colombia.

El índice CCC apuntó que Guatemala -que bajó del 11 al 13- cayó un 5 % este año y un 16 % desde 2019 mientras que Venezuela sigue en la posición más baja.