De acuerdo con el Informe Estadístico de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Chile, en 2020, los sujetos obligados, esto es, 38 actividades económicas y más de 400 instituciones públicas, enviaron a este Servicio 6.201 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre los referidos delitos, lo que representa un aumento de 29,2% anual. 

Al analizar la cifra se observa que 9 sectores económicos concentraron el 91% de los ROS enviados a la UAF durante el 2020, siendo los bancos los que más reportaron: 3.171 ROS, equivalente a un 51,1% del total, cifra que se sitúa por sobre el promedio de 35% de reporte histórico de este sector.   

Les siguen las AFP (con 930 ROS, 15,0%), las corredoras de bolsas de valores (416 ROS, 6,7%), las cajas de compensación (401 ROS, 6,5%), las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago (252 ROS, 4,1%), las cooperativas de ahorro y crédito (144 ROS, 2,3%), las empresas de transferencia de dinero (136 ROS, 2,2%), los casinos de juego (127 ROS, 2,0%) y las compañías de seguros (110 ROS, 1,8% del total). 

“Desde marzo del año pasado, el país está en estado de excepción constitucional de catástrofe, lo que ha significado, entre otros, el cierre a público de diversos establecimientos y el confinamiento de las personas por periodos prolongados. En un escenario de intermitencia de las actividades, preveíamos una disminución en el volumen de reportes por el impacto de la cuarentena en las áreas de compliance, o bien, por la dificultad de algunas entidades para adoptar, por ejemplo, el teletrabajo. Las cifras reflejan que, pese a la pandemia, los sujetos obligados no han descuidado sus obligaciones para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, dijo el director de la UAF, Javier Cruz. 

Respecto de las entidades públicas, recordó que desde febrero de 2015 están obligadas a informar a la UAF las operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus funciones. Para ello han debido implementar sistemas antilavado de activos y anticorrupción, y capacitar permanentemente a sus funcionarios en estos temas. Entre 2016 y 2020, el sector público ha enviado 394 ROS a la UAF.